La Procuraduría General de Colombia abrió una indagación contra funcionarios de Ecopetrol por un contrato de 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, inicialmente destinado a evaluar riesgos reputacionales del presidente Ricardo Roa, pero que habría sido usado para interceptar comunicaciones internas.
El contrato, firmado en agosto de 2024 por 875.000 dólares, buscaba analizar el impacto de investigaciones contra Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022, en la imagen de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2008. Un “otrosí” amplió su valor sin autorización de la Junta Directiva.
Según El Tiempo, el contrato derivó en la retención de correos, documentos y dispositivos de 70 altos funcionarios, incluidos directivos de filiales como Cenit y Hocol. La Procuraduría investiga si esta acción, ordenada por el director de Cumplimiento, Alberto Vergara, vulneró la privacidad de los empleados.
La Junta Directiva, que no aprobó el “otrosí”, suspendió las actividades del contrato en febrero de 2025, tras detectar irregularidades. Ecopetrol aseguró que colaborará con las autoridades y que el caso no afecta sus planes de producción ni crecimiento, aunque enfrenta cuestionamientos por su gobernanza.
La Contraloría General también exigió a Roa, en un plazo de cinco días, información sobre contratos e inversiones de Ecopetrol, subrayando la necesidad de transparencia en el uso de recursos públicos. Este escándalo ha intensificado las críticas a Roa, ya señalado por presuntas irregularidades en la campaña de Petro.
La crisis ha generado tensiones internas, con la renuncia de Mónica de Greiff de la Junta Directiva, quien expresó indignación por las interceptaciones. Analistas advierten que el caso podría impactar la percepción de Ecopetrol en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde enfrenta regulaciones estrictas.
El contrato, que incluía cláusulas de confidencialidad, ha desatado un debate sobre la ética corporativa. La investigación de la Procuraduría, apoyada por una inspección disciplinaria, busca esclarecer responsabilidades y determinar si hubo extralimitación de funciones. La Contraloría, por su parte, evalúa el manejo financiero del acuerdo.
Revista COP 