El Gobierno Nacional, mediante el decreto 0572 de 2025, incrementó las tarifas de retención en la fuente, buscando anticipar ingresos fiscales para aliviar problemas de caja. Esta medida, que entra en vigor el 1 de junio, impactará sectores clave de la economía colombiana.
Basado en el artículo 365 del Estatuto Tributario, el decreto faculta al Ejecutivo a ajustar retenciones para garantizar el recaudo del impuesto sobre la renta. Las nuevas tarifas, que oscilan entre 1,2% y 4,5%, afectan actividades como agroindustria, energía y construcción, elevando significativamente los pagos anticipados.
Por ejemplo, el sector agropecuario pasa de una autorretención del 0,55% al 1,2%, mientras que la generación de energía eléctrica sube del 2,2% al 4,5%. Construcción, como demolición o vivienda, incrementa del 1,1% al 3,5%, según el decreto.
Críticas por impacto en empresas
Expertos advierten sobre las consecuencias de esta medida. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, califica el decreto como “una reforma tributaria encubierta” que adelanta ingresos de 2026, comprometiendo la liquidez de las empresas y generando riesgos para el empleo.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señala que el aumento “exprime la caja de las empresas” para tapar huecos fiscales de 2025, pero crea un déficit mayor para 2026. “Sin caja no hay empresa, sin empresa no hay empleo”, afirmó.
El decreto exime de retención a pagos inferiores a dos UVT por servicios, pero personas naturales que superen este umbral también enfrentarán mayores tarifas. Esto podría afectar especialmente a pymes y emprendedores con flujos de caja limitados.
El ministro Germán Ávila defiende la medida como necesaria para la estabilidad fiscal en un contexto económico complejo. Sin embargo, el anticipo de recursos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a mediano plazo. El impacto en el tejido empresarial colombiano sigue bajo escrutinio.
Revista COP 