El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió ante la Comisión Cuarta del Senado la reforma laboral de 2025, destacando su potencial para generar 91 mil empleos adicionales y un crecimiento económico del 0,37%.

Basado en la Matriz de Contabilidad Social del DANE, el análisis proyecta un aumento promedio del 3% en los ingresos de los asalariados, impulsado por cambios en la jornada laboral y recargos por horas extras, dominicales y festivos.

Sanguino explicó que la reforma incentivaría el consumo en un 0,63%, elevando la demanda agregada y estimulando la inversión empresarial. Los sectores con mayor creación de empleo serían agricultura (17.500 empleos, 19,2%), comercio (17.300, 19%), servicios de entretenimiento (12.200, 13,4%) e industria (11.800, 13%). “La redistribución del ingreso hacia los trabajadores es compatible con los objetivos empresariales, ya que mayor consumo genera mejores expectativas de inversión”, afirmó.

Un pilar clave de la reforma es la creación de un fondo especial para un bono pensional dirigido a campesinos. Actualmente, solo el 8,6% de los trabajadores rurales en edad de pensión recibe una, equivalente a 8 de cada 100 personas. El fondo busca beneficiar a 3,9 millones de trabajadores del campo, garantizando ingresos para una vejez digna. “Es un paso hacia la justicia social para una población históricamente excluida”, señaló Sanguino.

La reforma también protege a grupos vulnerables como trabajadoras domésticas, madres comunitarias, personas con discapacidad, jóvenes aprendices, artistas y trabajadores digitales.

Propone contratos indefinidos como norma, licencias ampliadas y regulación de plataformas digitales, alineándose con estándares de la OIT y la OCDE. Sin embargo, gremios como Fenalco advierten que el aumento de costos laborales, estimado en un 32%, podría impactar negativamente a las pymes, que representan el 97% del tejido empresarial colombiano, y fomentar la informalidad, que afecta al 56% de los trabajadores según el DANE.

Pese al rechazo en el Senado en marzo de 2025, el gobierno explora una consulta popular para avanzar. El debate refleja tensiones entre la protección laboral y la sostenibilidad empresarial en un contexto de 11,6% de desempleo en enero de 2025 y un crecimiento económico del 1,7% en 2024.