Deudas de Air-e generan riesgo en la cadena eléctrica colombiana, advierte Fitch

La intervención del Gobierno en Air-e, iniciada en septiembre de 2024 por su inestabilidad financiera, ha disparado las alarmas en el sector energético colombiano. Según Fitch Ratings, los $2 billones (US$470 millones) que Air-e adeuda, principalmente a generadoras térmicas, amenazan los perfiles crediticios de empresas de generación, transmisión y distribución.

En un país donde el sector energético aporta cerca del 4% del PIB (DANE), esta situación pone en jaque la estabilidad de la cadena eléctrica, especialmente en la región Caribe, que representa el 11,5% de la demanda nacional.

Fitch destaca que TermoCandelaria Power S.A. (BB/Positiva) enfrenta un riesgo significativo, con US$102 millones adeudados por Air-e, más de la mitad acumulados tras la intervención. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA, BBB/Negativa) y Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB, BBB/Negativa) tienen provisiones post-intervención de US$40 millones y US$12 millones, respectivamente, ligadas a sus negocios de transmisión.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM, BB+/Negativa) reporta deudas de US$38 millones, incluyendo US$7 millones de su filial Afinia.

Un mandato gubernamental que prohíbe limitar el suministro a Air-e por impagos agrava la situación, según Fitch. Aunque las empresas afectadas mantienen flujos de caja robustos, retrasos prolongados podrían presionar su capital de trabajo. Air-e, que atiende a 1,2 millones de usuarios, enfrenta bajos niveles de cobranza y alta exposición al mercado spot en un contexto de precios elevados.

En Colombia, donde la generación térmica representó el 30% de la energía en 2024, Fitch espera que la normalización hidrológica reduzca la exposición de TermoCandelaria. Sin embargo, la incertidumbre persiste para ISA y GEB, cuyos negocios de transmisión dependen de pagos estables. Comparado con casos como Electricaribe, intervenida en 2016, la crisis de Air-e refleja desafíos estructurales en la región Caribe.

La SIC y el Ministerio de Minas y Energía monitorean la situación, pero la falta de claridad sobre la liquidación de Air-e genera preocupación. Las empresas afectadas deberán reforzar sus estrategias financieras para mitigar el impacto.

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