La negociación para el aumento salarial de los empleados públicos en Colombia para 2025 y 2026 entró en una fase crítica. El Gobierno Nacional elevó su propuesta a un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024 (5,2%) más 1,6% para 2025 y 1,65% para 2026, lo que equivale a alzas del 6,8% y 6,85%, respectivamente. Sin embargo, los sindicatos, liderados por la CUT, CGT, CTC, Fecode y otras federaciones, rechazaron la oferta, argumentando que no compensa la pérdida de poder adquisitivo de los más de 1,3 millones de trabajadores estatales.

Brecha entre expectativas y realidad fiscal

Las centrales obreras exigen un aumento del IPC más 5%, es decir, un 10,2% para ambos años, para contrarrestar el encarecimiento de la canasta básica, que, según la CTU Usctrab, supera la inflación promedio. «La nueva propuesta no se concilia con la realidad de los trabajadores, pese a ser más alta que en gobiernos anteriores», señaló un comunicado conjunto de los sindicatos. La diferencia de 3,4 puntos porcentuales entre la oferta oficial y la demanda sindical refleja la tensión entre las limitaciones fiscales del Gobierno y las expectativas de los trabajadores.

En 2024, el salario público creció un 10,88% (IPC de 2023 de 9,28% más 1,6%), un referente que los sindicatos usan para argumentar que la oferta actual es insuficiente frente a la inflación acumulada y el ajuste proyectado del salario mínimo (9,5% para 2025). El Ejecutivo, por su parte, defiende un enfoque «realista», priorizando la regla fiscal en un contexto de bajo recaudo fiscal y crecimiento económico limitado.

Demandas más allá del salario

El pliego sindical no se limita al incremento salarial. Entre las demandas destacan una prima técnica del 40% sobre el salario básico, un aumento de la bonificación por servicios al 50%, una prima de antigüedad ajustada en cinco puntos, un decreto para unificar pagos de horas extras y recargos dominicales, y un proyecto de ley para restablecer la retroactividad de las cesantías. Estas propuestas, de alto impacto fiscal, complican la negociación, ya que el Gobierno debe balancearlas con otras prioridades, como las reformas sociales que los sindicatos apoyan.

Timoteo Romero, ejecutivo de la CUT, expresó: «Terminamos el 29 de abril con esta nueva propuesta. Hoy, 30 de abril, evaluaremos si logramos un acuerdo definitivo». Las centrales reafirmaron su compromiso con mejores condiciones laborales y su respaldo a la consulta popular del Gobierno.

Contexto y perspectivas

La mesa de negociación, instalada el 14 de abril, tiene hasta el 15 de mayo para alcanzar un acuerdo. Comparado con Bogotá, donde los empleados públicos lograron un aumento del 6,9% para 2025 (IPC más 1,7%), la oferta nacional está en línea, pero no satisface a los sindicatos, que ven en el ajuste del salario mínimo un referente más justo. En la región, países como Perú y Chile han optado por incrementos similares al IPC, lo que refuerza el argumento del Gobierno, pero no calma las demandas sindicales.

La negociación continúa bajo presión, con el Día del Trabajo como fecha simbólica para un posible anuncio. Si no hay acuerdo, los sindicatos advierten sobre posibles paros sectoriales, mientras el Gobierno podría recurrir a un decreto unilateral, una medida que históricamente ha generado tensiones.