La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció la suspensión y reducción de programas clave en Colombia debido a la falta de fondos, exacerbada por recortes en la cooperación internacional de Estados Unidos, su principal donante en la región.

ACNUR necesita US$118,3 millones para mantener sus operaciones en 2025, pero solo ha recibido el 4,6% de los US$1.400 millones proyectados para asistir a refugiados y migrantes venezolanos en América Latina.

Esta crisis financiera ha obligado a suspender la distribución de ayuda humanitaria en el Catatumbo, donde el conflicto armado desplazó a 63.000 personas en 2024. Artículos esenciales como sábanas, kits de higiene y linternas ya no llegan a las comunidades afectadas.

Además, se cancelaron dos programas que apoyaban a 17.000 niños, aumentando su riesgo de reclutamiento por grupos armados o explotación. La regularización de 500.000 refugiados venezolanos y la legalización de asentamientos para 100.000 desplazados internos también están en peligro. “Años de avances en integración y protección podrían perderse, afectando especialmente a mujeres, niños y familias”, advirtió William Spindler, portavoz de ACNUR, en Ginebra.

Colombia alberga 7 millones de desplazados internos, 3 millones de venezolanos y 500.000 retornados, según ACNUR. En un país donde el PIB creció solo 1,1% en 2024 (Banco de la República), la suspensión de estos programas agrava la presión sobre el gobierno y las comunidades. Comparado con otros países latinoamericanos, como Ecuador, donde la financiación para migrantes también es limitada, Colombia enfrenta una crisis humanitaria de mayor escala.

Spindler destacó las contribuciones de Japón, Suecia, Corea del Sur y España, pero enfatizó la necesidad de mayor apoyo global. ACNUR está en diálogo con donantes, incluyendo EE.UU., para recuperar fondos.