El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, presentado por el Ministerio de Hacienda por $521,2 billones, revela un panorama fiscal preocupante: el gasto en deuda pública crecerá 17%, mientras la inversión pública caerá un drástico 27%, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Menos recursos para el desarrollo
Del total presupuestado, el 62% ($324,8 billones) se destinará al funcionamiento, el 27% ($137,4 billones) al servicio de la deuda y solo el 11% ($59 billones) a inversión pública. Comparado con 2025, el gasto en inversión se reducirá en $22 billones, pasando de $81 billones a $59 billones, limitando la capacidad del Estado para financiar infraestructura, servicios sociales o proyectos estratégicos.

En contraste, el servicio de la deuda, que incluye pagos de capital, intereses y aportes al Fondo de Contingencias, aumentará de $117 billones a $137,4 billones. Esto significa que, de cada $100 gastados, $27 irán al pago de deuda.
El Observatorio destaca una “tendencia estructural” en las finanzas públicas colombianas: la creciente rigidez del gasto. “La inversión, clave para cerrar brechas y fomentar el crecimiento, pierde protagonismo frente a gastos inflexibles como la deuda y el funcionamiento”, señala el informe.
En un contexto donde la economía colombiana creció solo 1,1% en 2024 (según proyecciones del Banco de la República), esta composición presupuestal podría agravar las limitaciones para el desarrollo.

Sectores más afectados
Los recortes impactarán sectores clave: Inclusión Social perderá $5,7 billones, Minas y Energía $4,9 billones, Educación $4,6 billones y Agricultura $2,9 billones. Estos rubros son esenciales para la equidad y el cumplimiento de metas sociales. Mientras tanto, el gasto de funcionamiento, que cubre costos operativos del Estado, solo disminuirá un 2% real, evidenciando la dificultad para reorientar recursos hacia prioridades estratégicas.
En comparación con países como Chile o Perú, donde la inversión pública representa un porcentaje mayor del presupuesto, Colombia enfrenta un desafío fiscal más severo. La ausencia de una Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal en el Congreso y un debate público débil refuerzan estas restricciones.
