El Ministerio de Hacienda ha propuesto un borrador de decreto que permitiría adelantar parte del recaudo del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2026 durante el segundo semestre de 2025. Esta medida, diseñada para mejorar la caja del gobierno en su último año, busca mitigar las presiones de un déficit fiscal creciente, pero genera debate sobre sus implicaciones a futuro.

El proyecto, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, modifica artículos del Decreto 1625 de 2016 relacionados con las tarifas de autorretención en la fuente. Según el artículo 8, la norma entraría en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación, impactando a contribuyentes obligados a practicar autorretenciones, como empresas y personas naturales con ciertos ingresos. El objetivo es que estos adelanten pagos al Estado en 2025, fortaleciendo el flujo de caja del gobierno saliente.

La medida se ampara en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que permite al Ejecutivo ajustar tarifas de retención según la cuantía de los pagos y las necesidades fiscales. En un contexto donde el déficit fiscal de 2024 alcanzó el 6,8% del PIB, superando la meta del 5,6%, según el Ministerio de Hacienda, el anticipo busca evitar un mayor endeudamiento o recortes drásticos en el gasto.

Precedentes y críticas

No es la primera vez que Colombia recurre a esta táctica. Administraciones anteriores han anticipado recaudos para cerrar brechas fiscales, especialmente en años electorales. Sin embargo, la estrategia ha sido cuestionada por expertos y organismos como el Fondo Monetario Internacional, que advierten sobre sus limitaciones. “Estas medidas pueden maquillar el déficit a corto plazo, pero trasladan la presión al siguiente gobierno”, señaló un analista citado en el informe del DANE sobre finanzas públicas.

El borrador está en fase de comentarios, y su versión final podría incluir ajustes. Aunque el gobierno defiende la iniciativa como una herramienta válida para garantizar la estabilidad, críticos argumentan que no aborda problemas estructurales, como la baja recaudación tributaria o la rigidez del gasto público. En 2024, el país enfrentó un faltante de ingresos de $74 billones, según el Ministerio de Hacienda, lo que subraya la urgencia de soluciones sostenibles.

El impacto de la medida dependerá de su ejecución y de la respuesta del sector productivo. Mientras el gobierno busca equilibrar las finanzas, el próximo recaudo de renta corporativa en abril de 2025 será un indicador clave para evaluar si esta estrategia alivia la presión fiscal o si, por el contrario, agrava las distorsiones en el sistema tributario.