La imposición de un arancel del 10% por parte del gobierno de Donald Trump a productos colombianos ha encendido las alarmas en el sector empresarial y gubernamental del país. Este lunes 7 de abril, tras una reunión entre gremios y autoridades, se anunció una propuesta formal para negociar con Estados Unidos la eliminación de esta barrera comercial, que afecta especialmente a exportaciones agrícolas como aguacate, limón Tahití, pescado y cacao. La medida, presentada en el marco de la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, busca mitigar el impacto económico y preservar las relaciones bilaterales.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, confirmó que el Gobierno Nacional ya elevó la solicitud a Estados Unidos, argumentando que el arancel vulnera el espíritu del acuerdo comercial vigente. “Se abrió un canal para consultar y construir un caso basado en el superávit comercial, las importaciones clave y los beneficios mutuos que se ven comprometidos”, explicó a medios. La estrategia incluye un trabajo conjunto entre el sector público y privado para facilitar el comercio y corregir desequilibrios, con un enfoque en diversificar mercados y fortalecer la competitividad.
Un punto crítico en la discusión es el trato desigual frente a competidores como México, cuyos productos ingresan al mercado estadounidense con arancel del 0%, mientras Colombia enfrenta el 10%. Esto ha golpeado especialmente al sector agroindustrial, que ve mermada su capacidad exportadora. Lacouture propuso una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura para abordar estos productos sensibles y buscar soluciones específicas que contrarresten las pérdidas.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, descartó cualquier retaliación contra Estados Unidos. “No se trata de una confrontación, sino de defender nuestra relación comercial y evitar riesgos como la descertificación”, afirmó. El líder gremial subrayó la importancia de mantener la estabilidad en un mercado que absorbe cerca del 27% de las exportaciones colombianas, según datos del DANE de 2024.
La Cancillería, liderada por Laura Sarabia, ha tomado un rol activo en la respuesta. Además de la solicitud formal, se creó un grupo estratégico de comercio internacional junto a los ministerios de Agricultura y Comercio. Este equipo, con sesiones permanentes, monitoreará el comportamiento del mercado y diseñará acciones para amortiguar el impacto. Sarabia destacó que la diversificación de destinos exportadores será clave para reducir la dependencia de Estados Unidos en el mediano plazo.
El impacto de los aranceles trasciende lo inmediato. En 2024, las exportaciones colombianas a Estados Unidos alcanzaron los 11.200 millones de dólares, con el sector agrícola representando un 18% de ese total, según el Ministerio de Comercio. La nueva barrera arancelaria podría reducir esta cifra en un 5% anual, afectando no solo a grandes productores, sino también a pequeñas y medianas empresas que dependen de cadenas de suministro transnacionales.
A nivel regional, el caso colombiano no es aislado. Otros países latinoamericanos enfrentan medidas similares, pero la posición de Colombia, con un acuerdo comercial vigente desde 2012, le da un argumento sólido para negociar. Expertos sugieren que el país podría apelar a cláusulas de trato preferencial y presentar datos históricos que demuestren el equilibrio en la balanza comercial bilateral.
La propuesta colombiana pone sobre la mesa una disyuntiva para el gobierno de Trump: mantener los aranceles y arriesgar tensiones con un aliado estratégico, o ceder ante un caso fundamentado que podría sentar precedente. Mientras las negociaciones avanzan en la Comisión Administradora, el sector empresarial espera resultados concretos que eviten una escalada de costos. El reloj sigue corriendo, y las próximas semanas serán decisivas para medir el alcance de esta estrategia.
Revista COP 