Desde abril de 2024, Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud de Colombia con 10,8 millones de afiliados, está bajo intervención forzosa de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, lejos de mejorar, los datos recientes muestran un deterioro financiero preocupante.

Un informe basado en un derecho de petición de la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, arroja luz sobre esta crisis. Entre junio y diciembre de 2024, las deudas de la entidad crecieron en casi $1 billón, un salto que pone en duda la efectividad de la gestión estatal.

Con los gestores farmacéuticos, Nueva EPS acumula una deuda de $600.000 millones a diciembre de 2024. De ese total, $586.000 millones (el 97 %) se generaron durante la intervención, con Audifarma, el mayor gestor del país, reclamando $200.000 millones.

En cuanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), como clínicas y hospitales, la deuda asciende a $5 billones. De esta cifra, $1 billón (el 20 %) se sumó bajo el control del Gobierno, según la respuesta oficial a Pedraza.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) posiciona a Nueva EPS como la EPS más endeudada del país. Su informe de diciembre de 2024 detalla una cartera total de más de $5 billones, con $2,9 billones en mora (58,5 %), superando a Sanitas y Medimás.

¿Qué pasó tras la intervención?

El agente interventor, Bernardo Camacho, enfrenta cuestionamientos. Este viernes, Nueva EPS reveló que heredó una “represa” de 12 millones de facturas sin procesar de 2023 y años anteriores, valoradas en $4,3 billones, un caos atribuido a las administraciones previas.

La empresa argumenta que el desorden en los pagos antes de la intervención explica parte de la acumulación. Sin embargo, la falta de transparencia persiste, ya que los estados financieros completos no se han hecho públicos, generando críticas desde el Congreso.

Camacho fue citado a un debate en la Comisión Séptima de la Cámara para explicar estas cifras. Legisladores como Pedraza acusan al interventor de ocultar información, intensificando las dudas sobre la gestión estatal de la EPS.

En Colombia, el impacto ya se siente. En Antioquia, 37 hospitales públicos suspendieron servicios no urgentes a más de 2 millones de afiliados en diciembre de 2024 por falta de pago, según la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa).