El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, de implementar un «impuesto de seguridad» mediante una sobretasa en las facturas de energía, calificándola de regresiva y perjudicial para la población. La iniciativa, aprobada en primer debate por la Asamblea Departamental y pendiente de un segundo debate el 1 de abril, aplicaría un cobro de 0,13% de una UVT por kilovatio hora consumido, equivalente a $66,3, a los estratos 3, 4, 5 y 6, así como a industriales y comerciantes.

Una medida que genera controversia

Petro argumentó que este tipo de sobretasas en servicios esenciales como la energía o el agua afectan de manera desproporcionada a toda la población, incluyendo arrendatarios y propietarios, sin considerar principios de progresividad tributaria. “La Constitución nos ordena que los impuestos sean progresivos, afectando más a quienes más tienen”, señaló en su cuenta de X, proponiendo que, de ser necesario, las cargas se apliquen sobre la propiedad de manera estratificada. También sugirió que financiar el transporte público masivo con este enfoque podría ser una alternativa para descongestionar las grandes ciudades.

Cuando se colocan sobretasas de cualquier tipo sobre facturas del agua o de la energía, se están poniendo impuestos de tipo regresivo en general a toda la población.

La constitución nos ordena es ponerlas de manera progresiva, es decir, que afecten más a los que más tienen y no… https://t.co/at3MnDWqo9

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2025

Los gremios de Santander también se han opuesto. El Consejo Intergremial de Santander advirtió que la medida pone en riesgo el desarrollo económico y social del departamento, afectando la demanda residencial e industrial y violando principios de equidad tributaria, lo que podría derivar en cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad. Por su parte, la Andi Santander señaló que la sobretasa castiga a los industriales, quienes ya enfrentan múltiples contribuciones, desincentivando la inversión en la región.

Un debate que definirá el rumbo fiscal

Con un segundo debate programado para el 1 de abril, la propuesta de Díaz busca financiar mejoras en seguridad, pero enfrenta un rechazo significativo. La postura de Petro y las críticas de los gremios plantean un desafío para su aprobación, mientras se evalúan alternativas que no comprometan la equidad ni el desarrollo económico de Santander en un contexto de creciente presión fiscal.