La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha iniciado un proceso sancionatorio contra Ecopetrol y Frontera Energy por múltiples incumplimientos ambientales detectados en Campo Rubiales, el mayor yacimiento petrolero de Colombia, ubicado en Puerto Gaitán, Meta. Las irregularidades, identificadas durante una visita de control en septiembre de 2022, podrían derivar en multas de hasta 100,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a unos 34 millones de dólares con el salario actual de 342 dólares.

Entre los hallazgos más graves, la ANLA señaló que Frontera Energy excedió en 1,02 hectáreas el área autorizada para adecuaciones en las Zonas de Disposición de Material Excedente, violando la licencia ambiental. Además, la empresa omitió presentar informes de monitoreo de ruido para 2013 y 2014, lo que impidió a las autoridades evaluar la contaminación acústica en la zona. También se detectaron deficiencias en la gestión de aguas residuales industriales y domésticas, así como la falta de entrega oportuna de programas de mantenimiento de estos sistemas a Cormacarena, la autoridad ambiental regional.

Ecopetrol, que asumió la titularidad de la licencia en 2016, tampoco cumplió con el reporte de monitoreo de ruido de ese año ni remitió los programas de mantenimiento de sus plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que pudo haber afectado la calidad hídrica en la región. Estos incumplimientos se suman a un historial preocupante, ya que, según datos obtenidos por la BBC, Ecopetrol ha reportado cientos de derrames de petróleo anuales desde 2020, afectando fuentes de agua y humedales biodiversos.

Respuestas de las empresas y posibles consecuencias

Frontera Energy argumentó que las infracciones corresponden a periodos con una estructura operativa distinta, lo que ha complicado la recopilación de información, pero aseguró estar colaborando con Ecopetrol y las autoridades para subsanar las omisiones. Ecopetrol, por su parte, señaló que los problemas datan de la transición operativa de 2016 y afirmó haber entregado a la ANLA la documentación disponible, mostrando disposición para continuar el proceso administrativo.

La Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2111 de 2021, establece que las sanciones podrían incluir no solo multas millonarias, sino también medidas como compensaciones ambientales o la suspensión de operaciones en Campo Rubiales, que actualmente produce 100,000 barriles diarios tras un pico de 213,000 en 2015. Este yacimiento, clave para la economía colombiana, ha enfrentado retos desde la caída de los precios del petróleo y la finalización del contrato de operación con Pacific Rubiales (hoy Frontera Energy) en 2016.

El proceso sancionatorio llega en un momento crítico para Ecopetrol, que enfrenta otros desafíos, como una caída del 21,7% en sus utilidades de 2024, equivalente a 4,1 billones de pesos, según su informe financiero de marzo. Además, la empresa ha sido señalada por prácticas contaminantes en cientos de sitios, según un informe reciente de la BBC basado en datos de la ANLA. La resolución de este caso no solo definirá el futuro ambiental de Campo Rubiales, sino que también podría sentar un precedente para la gestión de proyectos petroleros en Colombia, en un contexto donde la transición energética y la sostenibilidad son cada vez más urgentes.