El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 24 de marzo de 2025 un arancel del 25% a las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela, medida que entrará en vigor el 2 de abril.

En un mensaje en Truth Social, justificó la decisión alegando que Venezuela ha enviado «decenas de miles» de criminales violentos a EE.UU., incluyendo miembros del Tren de Aragua, y calificó al régimen de Nicolás Maduro como «hostil» a los valores estadounidenses. Este «arancel secundario» busca presionar económicamente a Caracas y afectará a naciones como China, principal comprador con un 68% de las exportaciones venezolanas en 2023, según la EIA.

El impacto económico será significativo. China, que importó 503.000 barriles diarios en febrero de 2025, verá sus bienes gravados con un 45% (20% existente más el 25% nuevo), lo que podría reducir su demanda y forzar a PDVSA a ampliar descuentos, como ya ocurrió tras aranceles chinos previos. España (4%), Cuba (4%), India (1%) y Colombia, que planea importar gas vía Ecopetrol (inicialmente 30-50 millones de pies cúbicos diarios), también enfrentarán costos adicionales. Los futuros del crudo subieron un 1,5% tras el anuncio, reflejando tensiones en el mercado energético.

La medida coincide con una escalada de sanciones. A inicios de marzo, Trump dio a Chevron 30 días para cerrar operaciones en Venezuela, plazo extendido al 27 de mayo tras negociaciones, según Reuters. Además, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 199 presuntos pandilleros venezolanos el 24 de marzo, tras un acuerdo con Maduro para reanudar vuelos de repatriación. Sin embargo, el propio EE.UU., con un 23% de las compras venezolanas en 2023, podría verse afectado si no ajusta su política antes de abril.

En Colombia, el plan de Ecopetrol para importar gas desde Venezuela enfrenta riesgos. Aunque Ricardo Roa, presidente de la compañía, confirmó avances en la restauración del gasoducto binacional con PDVSA, el exministro Andrés Camacho advirtió en 2024 sobre su inviabilidad por limitaciones técnicas y políticas. Este arancel podría encarecer aún más el proyecto, afectando la competitividad energética del país.