La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) denunció que el reciente aumento de $75 al precio del ACPM, que lo llevó a $10.536 por galón según la Creg el 23 de marzo de 2025, viola los acuerdos firmados con el Gobierno en septiembre de 2023. Nidia Hernández, presidenta del gremio, señaló a RCN Radio que el ajuste rompe el compromiso de mantener congelado el diésel hasta definir una nueva fórmula de precios, un proceso estancado por los cambios en los ministerios de Hacienda y Minas.

Hernández explicó que el combustible representa el 40% de los costos operativos del sector, y este incremento (sumado a un alza acumulada del 15% desde enero de 2024) presiona los fletes. A esto se añaden el aumento del 27% en peajes a partir del 1 de abril y el ajuste salarial, que juntos erosionan la rentabilidad de los transportadores, especialmente los pequeños propietarios. «Hemos sido atropellados con costos impuestos por el Gobierno y ya no aguantamos más», afirmó.

El impacto trasciende al transporte: con el 97% de la carga movida por carretera, el encarecimiento de los fletes elevará los precios de alimentos y productos industriales, afectando la competitividad empresarial y el bolsillo de los colombianos. Arnulfo Cuervo, de Fedetranscarga, coincidió en que el Gobierno no ha cumplido los 15 puntos acordados, como mejorar la seguridad vial o revisar la tributación del ACPM.

Hernández insistió en que el precio del diésel debería reflejar los costos locales, ya que Colombia produce el 100% de este combustible internamente. «Nos obligan a pagar valores internacionales cuando podríamos tener un precio más competitivo», criticó. La suspensión de las mesas técnicas, tras la salida del ministro Ricardo Bonilla, deja al sector en incertidumbre y sin avances hacia una solución concertada.