Tiendas D1 destina $21.000 millones para aclarar etiquetado tras sanciones de la SIC

Tiendas D1 respondió este 13 de marzo de 2025 a la polémica desatada en redes sociales sobre un supuesto sello de advertencia en sus productos Latti, tras sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por $21.000 millones a empresas lecheras por usar lactosuero. La cadena aclaró que la etiqueta “este producto no es leche” no es nueva ni está vinculada a las multas, sino que lleva años en sus tiendas cumpliendo normativas vigentes.

“El aviso ha estado presente desde hace años y no es una medida reciente ni relacionada con decisiones actuales. Responde a la obligación de la SIC de etiquetar productos como bebidas de yogur o lácteas con cereal”, afirmó D1 en un comunicado. La empresa, que no produce leche sino que la compra y vende, subrayó que sus proveedores deben cumplir la reglamentación técnica y pagar precios justos por leche cruda, según el sistema del Gobierno.

La SIC sancionó el 12 de febrero, vía Resolución 4168 de 2025, a Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac por $21.000 millones tras detectar lactosuero en productos vendidos como leche UAT. Las pruebas del Invima, realizadas en 2020, hallaron altos niveles de Caseinomacropéptido (CMP) en marcas como Medalla de Oro y Parmalat, evidenciando un engaño que afectó a consumidores y la competencia al ampliar márgenes o bajar precios.

Detalles de la controversia y respuesta empresarial

D1 enfatizó su “estricto programa de control” con auditorías internas, externas y análisis de laboratorios acreditados. “Nuestros bajos precios son resultado de optimizar procesos y reducir intermediarios, no de alterar productos”, señaló, destacando su apoyo al agro colombiano. La SIC, por su parte, argumentó que las empresas sancionadas violaron normas al añadir lactosuero (prohibido por su menor valor nutricional) obteniendo ventajas competitivas.

Lactalis, una de las multadas, rechazó la sanción: “No está en firme ni notificada. Defenderemos nuestras prácticas con estándares globales”. La empresa negó adulteración y afirmó operar bajo normas estrictas en 90 países. La SIC, sin embargo, respaldó su fallo con pruebas del Invima y evidencias económicas, como costos menores injustificados y lactosuero en inventarios sin uso declarado.

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