El Ministerio de Hacienda anunció este 13 de marzo de 2025 que enfrentará una orden judicial de embargo por $1,2 billones en subsidios energéticos adeudados a Empresas Públicas de Medellín (EPM), afirmando que las cuentas de la Nación son inembargables según la Constitución. La cartera, liderada por Diego Guevara, adelantará gestiones para solicitar el desembargo inmediato, argumentando que la medida viola la ley y la garantía de continuidad del Estado.
El proceso surgió tras un fallo que ordenó embargar cuentas públicas por subsidios no pagados de tarifas eléctricas a EPM, correspondientes a estratos 1, 2 y 3. Guevara, en W Radio, aclaró: “A hoy, las cuentas no han sido embargadas. La orden daba cinco días para un pago inviable”. Citó el Artículo 63 de la Constitución y los Artículos 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y 34 del Decreto 1523 de 2024, que protegen los recursos públicos de embargos para asegurar funciones esenciales como salud, educación y seguridad.
El ministro detalló que ya se acordó con las empresas un plan de pagos. “En enero pagamos una parte a Afinia, del grupo EPM, y la próxima semana giraremos $200.000 millones para energía y $300.000 millones para hogares y redes”, afirmó. El cronograma incluye cuatro desembolsos hasta abril para saldar $1 billón de subsidios de 2024, de los cuales $1,2 billones corresponden al caso EPM.
Una pulseada financiera con respaldo legal
La “garantía de continuidad” invocada por MinHacienda asegura que el Estado no paralice sus operaciones, un principio que el equipo jurídico usará para revertir el fallo. Guevara enfatizó: “Hay jurisprudencia que protege estos recursos; el embargo no se ajusta a la ley”. La cartera sostiene que los $23 billones ya pagados de una deuda total de $50 billones de 2024 demuestran compromiso, pese a la presión de EPM por el monto pendiente.
EPM, que presta servicio a 4,2 millones de usuarios en Antioquia, reclama estos fondos para sostener tarifas subsidiadas, un esquema que cubre el 40% de su facturación anual, según datos históricos de la empresa. La disputa refleja tensiones entre el gobierno y las eléctricas por el rezago presupuestal, que MinHacienda atribuye a limitaciones fiscales heredadas.
El ministerio destacó que cualquier servidor público que reciba una orden de embargo debe tramitar su levantamiento, un proceso que iniciará de inmediato. La estrategia incluye pagos escalonados para evitar que medidas judiciales como esta escalen, protegiendo el flujo de $500.000 millones proyectados para la próxima semana.
Revista COP 