El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar admitió una Acción Popular presentada en febrero de 2025 por la Liga Nacional de Usuarios, el Comité de Desarrollo y Control Social “Conectémonos” y vocales de control de Valledupar, en respuesta a las deudas del Gobierno Nacional con empresas energéticas en la Costa Caribe. La acción, dirigida contra la Nación y los ministerios de Minas y Energía y Hacienda, busca proteger los derechos colectivos de los usuarios ante el riesgo de interrupción del servicio eléctrico y el alza de tarifas.

Norman Alarcón, vocero de la Liga, precisó que la deuda con Afinia asciende a $695.000 millones, incluyendo $600.000 millones en subsidios a estratos 1, 2 y 3, con corte a marzo de 2025. “El Gobierno debe pagar lo que asumieron las empresas al facturar con descuento y lo que los usuarios ya aportaron vía tarifas”, afirmó. Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga, calificó la admisión como “extraordinaria” y convocó a organizaciones a coadyuvar, destacando una orden reciente de embargo a cuentas estatales por el mismo motivo en Bogotá.

La acción exige la cancelación inmediata de subsidios adeudados, la asunción de la opción tarifaria (prometida por el Gobierno en mayo de 2024) y mecanismos financieros para garantizar la continuidad del servicio. En total, las deudas del Estado con el sector eléctrico superan los $7 billones, afectando también a Air-e, que reclama $400.000 millones, de los cuales $300.000 millones son por subsidios.

Impacto en la Costa Caribe y la economía nacional

La Región Caribe, con 11 millones de habitantes y 2,16 millones de hogares subsidiados (80% en estratos bajos), enfrenta una crisis energética agravada por estas deudas. Afinia y Air-e, que operan en siete departamentos, advierten sobre su inviabilidad financiera, lo que amenaza el suministro y la estabilidad de un sector clave para el agro y las Pymes, que aportan el 35% del PIB según el DANE. La opción tarifaria, congelada en 2020 por la pandemia, acumula $4,6 billones a nivel nacional, per Asocodis, mientras los subsidios impagos suman $2,8 billones.

En un contexto de inflación del 6,12% en 2024 (DANE) y crecimiento proyectado del 2,6% para 2025 (Corficolombia), estas deudas podrían encarecer aún más la energía, afectando a 8,64 millones de costeños dependientes de subsidios. La acción coincide con demandas de “tarifas pagables” de la Liga, que critica el régimen especial tarifario y la falta de acción estatal.