La Superintendencia de Sociedades sancionó el 6 de marzo de 2025 a Michael Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, declarados controlantes conjuntos de Fast Colombia S.A.S. (Viva Air) y Viva Airlines Perú S.A.C., con una multa de $142,350,000. La decisión, que abarca el período del 29 de abril al 28 de diciembre de 2022, responde a una investigación que identificó que estas personas naturales ejercían el máximo poder de decisión en la estructura corporativa, relegando a sociedades intermediarias sin patrimonio suficiente. Viva Air, en liquidación judicial tras colapsar en 2023, dejó pérdidas estimadas en $500,000 millones y miles de pasajeros afectados.

Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades, enfatizó que “esta resolución es clave en el proceso de liquidación de Fast Colombia, especialmente para los acreedores”, quienes podrían reclamar hasta $200,000 millones en deudas pendientes. Sin embargo, aclaró que esta sanción es una facultad administrativa distinta a un proceso judicial por desestimación de personalidad jurídica, dejando abierta la posibilidad de recursos legales por parte de los sancionados. La multa, equivalente a unos US$34,000 al cambio de $4,116 (BVC, 03/03/2025), busca garantizar transparencia en un caso que expuso riesgos financieros para acreedores y el sector aéreo.

El organismo destacó que, aunque el derecho societario permite estructuras complejas, utilizar “vehículos” con patrimonios irrisorios como matrices aparentes pone en peligro a los grupos de interés. “Estas figuras no tienen capacidad para responder por reclamaciones, afectando la confianza en el sistema”, señaló el comunicado. La caída de Viva Air, que operaba 10% del mercado aéreo colombiano (Aerocivil, 2022), reflejó una crisis agravada por la pandemia, el alza del combustible y la devaluación, dejando un hueco económico que aún resiente el turismo y la conectividad regional.

La sanción podría mover $50,000 millones adicionales al proceso de liquidación si se suman responsabilidades subsidiarias, según expertos. Camacol, que alertó esta semana sobre riesgos en la construcción por regulaciones ambientales, coincide con Supersociedades en exigir claridad normativa para proteger la estabilidad económica. Los controlantes, sin pronunciarse aún, enfrentan un plazo para apelar que podría extender el caso hasta abril.