La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bogotá y Cundinamarca emitió una alerta el 5 de marzo de 2025 sobre el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que establece lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá. Según el gremio, esta medida amenaza la construcción de 360,000 viviendas nuevas, de las cuales el 65% (234,000) serían de interés social (VIS), afectando 60 planes parciales y 2,983 hectáreas de suelo urbanizable. Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, calificó el impacto como “muy negativo”, señalando que “congela un volumen equivalente a seis años de producción de vivienda, con efectos devastadores en empleo y actividad económica”.

El análisis cartográfico de Camacol revela que las nuevas áreas de humedales y bosques propuestas por el Ministerio bloquearían el desarrollo de proyectos esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. “Esto deja en el limbo a miles de familias y paraliza el desarrollo urbano”, afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, quien respaldó las acciones del alcalde Carlos Fernando Galán y 35 alcaldes municipales para contrarrestar la norma. El gremio estima que el freno a estas viviendas podría costar $12 billones en inversión perdida y afectar 500,000 empleos directos e indirectos, según tendencias del sector en 2024.

Camacol denunció la falta de socialización y participación en el proceso, pese a dos derechos de petición enviados al Ministerio solicitando estudios técnicos y mesas de trabajo. “Solo recibimos una comunicación un día antes del cierre de comentarios, lo cual es insuficiente e inoportuno”, explicó Chiriví. Esta unilateralidad, según el gremio, vulnera la autonomía territorial y el derecho a una ciudad planificada, por lo que solicitaron la intervención de la Procuraduría para revisar la legalidad del proyecto y garantizar un equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo social.

La resolución, que busca regular el uso del suelo en la Sabana, choca con las necesidades de vivienda formal de una región que alberga a más de 10 millones de personas. “No se trata de oponernos a la protección ambiental, sino de exigir un diálogo que contemple las dinámicas sociales y económicas”, señaló Herrera. La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca también criticó la norma por ignorar aspectos demográficos y agrícolas, preparando un documento técnico con observaciones para presentarlo al Ministerio.

El impacto económico es inminente: en 2024, la construcción de vivienda nueva aportó $8 billones al PIB regional (Dane), y su paralización podría agravar el déficit habitacional, estimado en 900,000 unidades a nivel nacional. Camacol insiste en que “la planeación debe reducir incertidumbre, no crearla”, urgiendo al Gobierno a reconsiderar la resolución para no comprometer el bienestar de millones de hogares y la estabilidad del sector.