Los nuevos impuestos creados por el Gobierno en el marco de la conmoción interior encendieron las alarmas en el sector carbonífero. La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) advirtió que estas cargas tributarias afectarán gravemente la competitividad del mineral colombiano y amenazan con hacer inviable la operación de pequeños mineros formales, poniendo en riesgo miles de empleos en las regiones productoras.

El Decreto 0175 establece un impuesto del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, aplicable tanto a la primera venta en el mercado interno como a las exportaciones. En el caso de las ventas nacionales, la base gravable será el valor de la venta; en las exportaciones, el valor FOB de los productos extraídos. Aunque el tributo regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno ya advirtió que buscará convertirlo en permanente mediante una nueva reforma tributaria.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, expresó su preocupación por el impacto transversal que tendrá este impuesto en toda la cadena minera, desde grandes empresas hasta pequeños productores. Sin embargo, alertó que los más golpeados serán los pequeños mineros, cuya sostenibilidad está en entredicho. “Estos impuestos son parte de una estrategia que busca acabar con la competitividad internacional del carbón colombiano y justificar una transición energética acelerada que no responde a las necesidades del país”, afirmó el dirigente gremial.

La producción de carbón en Colombia alcanzó 65 millones de toneladas en 2024, lo que representó el 1,1% del PIB nacional. Gran parte de esta actividad se concentra en los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, donde las pequeñas y medianas operaciones mineras constituyen una fuente vital de empleo e ingresos fiscales. Según Cante, la aplicación del nuevo impuesto podría provocar la desaparición de estas unidades productivas, generando un vacío económico que difícilmente podrá ser llenado por otros sectores.

El dirigente también advirtió sobre el riesgo de que se configure una “tributación en cascada”, situación en la que el mismo producto es gravado en distintas etapas de su comercialización, lo que haría inviable la actividad para los pequeños productores. “Aquí se van a ver afectados no sólo los grandes exportadores, sino también los mineros locales, y eso tendrá consecuencias profundas en las economías regionales”, subrayó.

El gremio considera que la medida gubernamental desconoce la realidad del mercado internacional, donde la demanda de carbón sigue en crecimiento, especialmente en países asiáticos y europeos. “Mientras el Gobierno insiste en que el carbón está en declive, lo cierto es que las exportaciones siguen siendo claves para nuestra economía. Romper esa cadena ahora es condenar a la minería formal y abrirle paso a la ilegalidad”, sostuvo Cante.

Por ahora, el sector espera que el Gobierno reconsidere la medida, aunque el anuncio de que se buscará convertir el impuesto en permanente ha elevado la tensión. En medio de la incertidumbre, las pequeñas mineras ven cada vez más lejano su futuro en el mercado.