El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó que el Gobierno colombiano deberá realizar un ajuste fiscal por al menos $46 billones en 2025, equivalente al 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. La advertencia se produce tras la publicación del informe sobre el cierre fiscal de 2024 y la actualización del Plan Financiero para el presente año.

El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 se logró gracias a las denominadas Transacciones de Única Vez (TUV), por $31,9 billones, aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en diciembre pasado, y a medidas de austeridad que permitieron reducir el gasto en $20,6 billones. Sin embargo, el déficit fiscal se ubicó en 6,8% del PIB, 2,5 puntos porcentuales por encima del 4,3% registrado en 2023, lo que evidencia el deterioro de las finanzas públicas.

De acuerdo con el CARF, el alto déficit y la deuda pública, que ascendió a 60% del PIB, representan una fragilidad estructural para las finanzas del Gobierno Nacional, y mantienen presiones sobre las tasas de interés y la inflación. Además, el recaudo tributario de 2024 alcanzó $71,2 billones, cifra inferior a lo proyectado, lo que añade incertidumbre hacia 2025.

El plan financiero del Gobierno para este año contempla reducir el déficit a 5,1% del PIB, pero la deuda se mantendría en torno al 60,6% del PIB, lejos del ancla fiscal del 55%. En este contexto, el CARF considera poco probable que se logre la meta de recaudo tributario fijada en $299,9 billones, advirtiendo que sus proyecciones indican que los ingresos podrían ser $34 billones menores a esa cifra.

El ajuste de $46 billones planteado por el CARF podría implicar recortes significativos en el gasto público, además de eventuales medidas para incrementar los ingresos. La entidad también subrayó riesgos adicionales por presiones fiscales como el gasto diferido de 2024 a 2025 y el impacto de la decisión sobre el salario mínimo, que podrían representar una carga adicional de $28,5 billones.

Otro aspecto preocupante es que uno de cada tres pesos recaudados deberá destinarse al servicio de la deuda, lo que reduce el margen para inversión pública y políticas sociales. En ese sentido, el CARF reiteró que, más allá de la validez técnica de las TUV, su éxito dependerá de que generen efectos transitorios en el balance fiscal en los próximos dos años.

El panorama fiscal colombiano continúa siendo complejo y exigirá del Gobierno decisiones difíciles para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y restablecer la confianza en la política fiscal del país.