El Gobierno Nacional cerró el 2024 con la ejecución presupuestal más baja en un cuarto de siglo, revelando una gestión marcada por promesas incumplidas, retrasos en proyectos clave y un preocupante rezago de $63,4 billones. Así lo advirtió el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que calificó el resultado como un golpe a la inversión pública y a la confianza ciudadana.

De acuerdo con el informe, la ejecución global del presupuesto, excluyendo el pago de la deuda, fue del 81,9%, el peor registro desde 1999 y considerablemente inferior al promedio histórico del 89,4%. Más crítica fue la situación en el gasto de inversión, donde apenas se ejecutó el 57% de los recursos previstos, una caída de 20 puntos respecto a la media de los últimos años.

“La plata estaba, pero no se usó. Lo que hubo fue una ejecución deficiente que retrasa obras, frena programas sociales y siembra dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus metas”, sentenció Mauricio Salazar, director del Observatorio.

Funcionamiento sí, inversión no

El análisis detallado expuso que sectores como Educación (96,4%), Salud (94%) y la Fiscalía (93%) lograron altos niveles de ejecución. Sin embargo, áreas estratégicas como Presidencia (27,7%), Agricultura (38,6%), Transporte (48,1%), Deporte (36%) y Ambiente (54,7%) reflejaron un manejo deficiente, en contraste con el discurso oficial sobre la prioridad en el gasto social y de infraestructura.

En ese sentido, expertos advierten que el Gobierno privilegió el gasto de funcionamiento, principalmente en burocracia y nómina, mientras que los proyectos de inversión quedaron rezagados. “Hay una desconexión entre lo que se promete y lo que realmente se hace. La ejecución refleja que el aparato estatal sigue funcionando, pero el desarrollo se estanca”, precisó Salazar.

Un rezago millonario y una deuda creciente

El otro dato que enciende las alarmas es el crecimiento del rezago presupuestal, es decir, los recursos que fueron comprometidos pero no ejecutados a tiempo. Esta cifra ascendió a $63,4 billones, casi el doble que en 2023, lo que impacta directamente en obras de infraestructura y compromisos con contratistas, dejando un arrastre que complica el panorama fiscal para 2025.

A este escenario se suma la presión de la deuda pública, que cerró el año en más del 60% del PIB, nivel similar al registrado durante la pandemia. Aunque el Gobierno insiste en que cumplió la regla fiscal, analistas advierten que lo hizo a costa de frenar la inversión y trasladar obligaciones a ejercicios futuros.

“El problema es que estamos postergando el desarrollo del país. No se está construyendo lo que se necesita hoy y, al mismo tiempo, estamos aumentando los compromisos financieros del mañana”, concluyó Salazar.

De cara a 2025, el desafío será recuperar la confianza en la gestión pública, mejorar la planeación presupuestal y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los proyectos que impulsan el crecimiento y el bienestar social. Sin esos cambios, el riesgo es seguir acumulando deudas y dejando al país en pausa.